Por Damián Azócar, Abogado Compliance, en Vita Wallet.
La industria Fintech está expectante de una importante tramitación en Chile: el proyecto de ley sobre Innovación Financiera, conocida como Ley Fintech, impulsada por el Ministerio de Hacienda.
Este es un proyecto que llega a tiempo, respondiendo al crecimiento del número de startups y empresas dedicadas a este rubro en el país, las que en número han crecido más de 60% respecto a las que existían en los últimos dos años.
El proyecto de ley trae un importante enfoque en los usuarios, lo que se traduce en que la actividad financiera tendrá un menor costo, debido a la mayor oferta de productos financieros; en una muy necesaria competencia en el sector, a raíz del aumento de actores; que pondrá en operación la protección de datos personales mediante el sistema de openfinance; y además, mitigará varios de los riesgos existentes en la actividad mediante el establecimiento de un marco regulatorio de reconocimiento y protección.
Sin embargo, durante la tramitación del proyecto de la Ley Fintech hay que tomar resguardos. A raíz de las experiencias comparadas en Latinoamérica, debemos ser capaces de observar y tomar distancia de de ciertas regulaciones que, de alguna manera, han pretendido con mayor o menor éxito generar un ropaje jurídico en torno a la actividad de las fintechs.
Un ejemplo: la legislación pionera mexicana nos ha enseñado el doble efecto que puede tener una regulación: la inhibición y la acción. Porque la certeza del marco legal ha permitido generar confianza en el sistema, con un consecuente incremento del número de usuarios finales en el sector, cumpliendo el objetivo de abrir el sistema financiero; sin embargo, ha sido esta misma certeza la que ha impuesto a los actores financieros una carga regulatoria de tal nivel, que ha traído como consecuencia una barrera de entrada a nuevos actores, restringiendo la competencia que también se debe pretender con este tipo de legislaciones.
Por lo anterior, Chile tiene la oportunidad de alcanzar un equilibrio normativo, al procurar un marco general que genere certeza a los actores financieros y cuyo reglamento sea adecuado para perseguir los objetivos y principios de la ley, y sin distorsionar el espíritu que impulsa a la industria Fintech.
Solo así quedarán atrás las históricas restricciones financieras vistas en el mercado nacional y se permitirá un acceso universal al mercado, tanto a actores como beneficiarios, generando mejores y mayores oportunidades para los usuarios finales, a través de la democratización del sistema financiero.
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