La implementación de blockchain y contratos inteligentes podría traer más transparencia y responsabilidad al sector público.
Tras otro escándalo de corrupción, el gobierno de Puerto Rico está tratando de mejorar sus esfuerzos anticorrupción mediante la adopción de la tecnología blockchain.
La reacción se produce, entre otros hechos, por el actuar del alcalde de Puerto Rico, Félix Delgado, quien lideró la ciudad costera norteña de Cataño, y renunció para afrontar una sentencia que podría plasmarse en marzo de 2022, de cerca de cinco años de prisión.
Delgado fue acusado de otorgar 50 contratos por un valor de casi US$10 millones a una empresa de asfalto, cargos frente a los que se declaró culpable de conspiración para cometer sobornos y recibir sobornos.
A raíz de lo ocurrido, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández, anunció que este mes los legisladores mantendrán reuniones con entusiastas locales de blockchain para discutir la posible adopción de la tecnología de cadena de bloques para reducir la corrupción.
La implementación de blockchain y contratos inteligentes podría traer más transparencia y responsabilidad al sector público, dijo el funcionario en una conferencia de la Asociación de Comercio de Blockchain de Puerto Rico.
«Tenemos un verdadero problema de credibilidad y esto podría ser parte de la solución», dijo Hernández, y agregó que también hay un esfuerzo más amplio para hacer de Puerto Rico un centro de innovación de criptomonedas y blockchain. Según el funcionario, la industria emergente podría ser una forma de que el Estado Libre Asociado en bancarrota reviva su economía.
«En los años 60 y 70 teníamos el nicho de la fabricación (…) Este es un nuevo nicho, una nueva oportunidad para crear empleos», agregó Hernández.
Los comentarios del orador se produjeron en medio de la creciente preocupación por la corrupción en Puerto Rico, ya que un alcalde local se declaró culpable de aceptar más de US$100.000 en sobornos en efectivo la semana pasada.
Puerto Rico no es el único que está explorando las capacidades potenciales de lucha contra la corrupción mediante tecnologías como blockchain y las monedas digitales. El año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca informó sobre el potencial de blockchain para luchar contra la corrupción administrativa y política. La agencia de las Naciones Unidas contra la droga y el delito también aconsejó a Kenia utilizar blockchain para combatir la corrupción gubernamental en noviembre de 2020.
Aunque muchas jurisdicciones consideran la tecnología subyacente de las criptomonedas como una herramienta para reducir la corrupción, algunos gobiernos como el de Rusia les prohíben a sus diputados y funcionarios tener criptomonedas, alegando problemas de corrupción.
Rusia, uno de los países más corruptos del mundo, podría utilizar la tecnología de las criptomonedas para reducir la corrupción, según Maria Agranovskaya, abogada y experta en fintech de la Duma Estatal rusa. Agranovskaya le dijo a Cointelegraph que el efectivo es mucho más popular para actividades ilegales como la corrupción porque es más difícil de rastrear: «Si se transmite un adecuado KYC y AML al principio, los flujos de criptomonedas pueden ser mucho más fáciles de rastrear; solo deben existir las reglas adecuadas».
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