Por Juan Pablo González, Senior Manager Risk Advisory de Deloitte.
El pasado 22 de marzo, la Cámara de Diputados de Chile ratificó el texto que deroga la Ley Nº 19.223 sobre «Delitos Informáticos» y modifica otros cuerpos legales.
Este texto fue presentado en 2018 -en medio de una serie de ciberataques sufridos por instituciones financieras-, cuando buscaba actualizar la antigua normativa en materia de delitos informáticos del país, una que respondía a la realidad del año 1993 y que, como tal, dejaba fuera múltiples fenómenos tecnológicos que hoy deben sortear las organizaciones, tras aumentar su exposición a los riesgos cibernéticos.
La iniciativa también responde al compromiso asumido por Chile de adherirse al Convenio de Budapest, sobre ciberdelincuencia, que al día de hoy es el gran acuerdo internacional para responder de manera uniforme ante los ciberdelitos, especialmente por las características propias que estos tienen: que pueden ser cometidos fuera de un territorio y que quienes los realizan no necesitan siempre contar con altos conocimientos en informática.
El texto ratificado -que se encuentra en el trámite de veto presidencial, antes de ser promulgado y publicado como ley- no solo renueva algunos delitos informáticos que ya estaban reconocidos en nuestra legislación como, por ejemplo, el sabotaje (o destrucción) informático, sino que incorpora nuevos ilícitos como la falsificación y el fraude informático, además, de la receptación informática, entre otros.
El proyecto ratificado por la Comisión Mixta, además, agrega diversos aspectos procesales que la anterior normativa no contemplaba, especialmente en temas asociados a la cadena de custodia de evidencia electrónica, elemento esencial para el éxito de las diligencias investigativas y para lograr una efectiva condena de los ciberdelincuentes. Así también, como de posible evidencia del cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión que establece la Ley Nº 20.393.
En ese sentido, Chile podría convertirse en uno de los primeros países en Latinoamérica en contar con una legislación actualizada en esta materia, lo que beneficiaría al sector privado, entregando seguridad a ciertas áreas que están expuestas a este tipo de ilícitos informáticos. Además, permitirá promover la colaboración pública-privada, esencial en esta temática para lograr el éxito de las investigaciones penales.
Finalmente, el proyecto es un enorme avance a nivel de la legislación vigente en materia de delincuencia informática, no solo por lo antes mencionado, sino que además, porque repercutirá en el día a día de las personas, dotándolas de mejores herramientas jurídicas para enfrentar aquellos delitos que se han vuelto más comunes como el ransomware -ataque que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos-, que cada día se presenta como uno de los mayores dolores de cabeza para las organizaciones cuando se habla de ciberseguridad.
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