El presidente Cortizo advirtió previamente en mayo que no firmaría el proyecto de ley ley a menos que incluyera estas normas adicionales.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, vetó parcialmente el proyecto de ley «de criptomonedas» (nº 697), porque este requiere más trabajo para adaptarse mejor a las regulaciones financieras de Panamá.
Cortizo advirtió en mayo que no firmaría el proyecto de ley a menos que incluyera normas adicionales contra el lavado de dinero (AML), después de que la Asamblea Nacional de Panamá aprobara el proyecto de ley de criptomonedas a finales de abril de 2022.
El medio de comunicación local La Prenda obtuvo una copia del veto de 32 páginas, e informó que el presidente escribió que es «imperativo» que las leyes de criptomonedas se ajusten a las nuevas regulaciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que resaltan «la transparencia fiscal y la prevención del lavado de dinero».
El diputado Gabriel Silva, que ayudó a presentar el proyecto de ley en septiembre de 2021, tuiteó el jueves que el veto era «una oportunidad perdida para generar empleos, atraer inversiones e incorporar la tecnología y la innovación en el sector público.»
«El país merece más oportunidades e inclusión financiera», agregó Silva, quien dijo que el Congreso estudiará el veto para hacer correcciones que luego pasarán a debate.
Si el proyecto de ley finalmente se firma, convertirá a Panamá en el segundo país centroamericano en regular el gasto de criptomonedas. Sin embargo, a diferencia de El Salvador, el proyecto de ley de Panamá abarca otras criptomonedas además de bitcoin y no exigiría a las empresas locales que acepten activos digitales.
Según el proyecto de ley, los panameños «podrán acordar libremente el uso de criptoactivos, incluyendo bitcoin y Ethereum, sin limitación», como pago alternativo para «cualquier operación civil o comercial.»
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