Además, el gobierno español ha procedido a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de esta empresa.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este miércoles que la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa a Glovo de más de US$77,6 millones por incumplir la llamada ‘Ley Rider’.
Díaz, en declaraciones a la prensa a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, ha afirmado además que se ha procedido a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de esta empresa.
La vicepresidenta segunda ha acusado a Glovo de «vulnerar» los derechos laborales de sus trabajadores y de «obstruir» la labor de la Inspección de Trabajo, algo que ha calificado de «gravísimo» en un Estado social y democrático de Derecho, en el que las empresas «tienen que cumplir la ley».
«Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección», ha advertido la vicepresidenta.
La llamada ‘Ley Rider’, en vigor desde agosto de 2021, obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.
Así, la ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
DECISIÓN UNILATERAL
Glovo ha precisado que la multa de Inspección de Trabajo no está relacionada con la denominada ‘Ley Rider’, ya que el periodo inspeccionado se refiere de 2018 hasta el 11 de agosto de 2021.
Asimismo, han resaltado que durante el periodo de inspección Glovo pidió ampliar y aportar sus pruebas, reflexiones y valoraciones, así como distinta documentación, algo que fue rechazado por la Inspección de Trabajo y pospuesto al momento en el que el acta ha sido presentada.
«Se trata de una resolución unilateral, que implica una propuesta de la Inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones, y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la Justicia, se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y/o de infracción», han indicado.
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