Por Joel Vainstein, cofundador y Chief Growth Officer de Orionx.
Bastante agua ha corrido bajo el puente en el mundo cripto en Chile, desde que en 2018 comenzaron los líos legales entre las plataformas de compra y venta de activos digitales y los bancos, hasta hoy, con un mercado que se aproxima al medio millón de usuarios.
Hace pocos días se sumó otro hito. Quizá de los más importantes: la Ley Fintech fue aprobada por la Cámara de Diputados por amplia mayoría en su último trámite, y quedó lista para ser promulgada por el presidente Gabriel Boric, una legislación que establece, entre otros temas, la legalidad y la regulación de las plataformas crypto y de los criptoactivos. La pregunta es: ¿cambia algo para los usuarios?
Para usuarios como empresas, la futura promulgación de la ley es una gran noticia. Primero, quien tiene criptomonedas podrá estar más seguro a la hora de acudir a una plataforma, mientras que por el lado de las startups y exchanges habrá mayores certezas y marcos regulatorios claros para operar.
Asimismo, las plataformas deberán ser aprobadas y reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esto obliga a las plataformas a dar garantías sobre cuatro aristas importantes: ser responsables con la información que ofrecen a las personas; demostrar capacidad operacional para dar soporte a las transacciones que realizan; tener protocolos internos de respuesta a los usuarios; y un gobierno corporativo de gestión de riesgo.
Si bien no son muchos, han existido casos muy bullados de plataformas cripto que ante crisis han bloqueado las transacciones de usuarios o congelado los dineros. Es una preocupación real. Sin embargo, al entrar en rigor la nueva ley, toda empresa reconocida por la CMF deberá demostrar una espalda financiera que le permita, en caso de cualquier crisis, poder responder con la restitución de la inversión a sus clientes. Por ende, la nueva ley exige una garantía tremenda.
PERSECUCIÓN DE DELITOS
Otro punto clave es la mayor seguridad dentro del mismo ecosistema crypto. Al entrar en rigor la ley, las plataformas tendrán la obligación de alertar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas de fraudes, estafas, lavados de activos y de financiamiento para actividades ilícitas. A su vez, el organismo podrá dictar instrucciones a las mismas empresas para combatirlas.
Por suerte, actualmente existen servicios de empresas que realizan análisis de datos en blockchain, como Chainalysis, para detectar y frenar actividades ilícitas o sospechosas, permitiendo frenar transacciones, y así evitar que dinero llegue a entidades ilícitas conocidas o usuarios caigan en estafas. Son una especie de blacklist y sistemas automatizados de detección de movimientos irregulares, muy útiles, con los que nosotros ya contamos y tendrán que ser un estándar a futuro cercano.
Finalmente, para los nuevos productos, este nuevo marco legal, que entrega claridad para operar, favorecerá la aparición de nuevos casos de uso y servicios para las personas, ya que al menos en términos legales empareja a las plataformas cripto con los bancos y otras instituciones financieras. Es decir, nuevos productos como fondos mutuos, préstamos, tarjetas de créditos, acciones o títulos de propiedad basadas en blockchain serán más proclives a aparecer, ya que el espíritu de la ley protege más a las fintechs, frente a los bancos, contra medidas del pasado como el cierre de cuentas. Y existirá una mayor confianza para establecer alianzas entre las propias fintechs y marcas de tarjetas, aumentando la competencia y favoreciendo la oferta de productos de cara al usuario.
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