Lo esencial: La Suprema Corte de Justicia de Uruguay determinó que existe relación laboral entre Uber y sus conductores, obligando a la empresa a pagar aguinaldo, licencia y salario vacacional. El fallo sienta un precedente clave para el trabajo en plataformas digitales en la región.
El caso: La demanda fue presentada en 2017 por Cristian Guisado Baldoceda, quien reclamó el reconocimiento de vínculo de dependencia y beneficios laborales. En primera instancia fue rechazada, pero el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo y condenó a Uber a pagar aproximadamente $947.022. La empresa apeló ante la Corte, que confirmó la competencia de la Justicia uruguaya.
El punto central: La Corte consideró que el control ejercido por Uber —a través de algoritmos, calificaciones y tarifas predeterminadas— configura poder de dirección empresarial. Según el abogado Federico Rosenbaum, la supuesta autonomía del conductor resulta “meramente teórica” frente al nivel de subordinación operativa.
Marco legal: La decisión se apoya en la Ley 20.396, promulgada en febrero de 2025, que establece estándares mínimos de protección para trabajadores de plataformas digitales. Además, la norma otorga jurisdicción a tribunales locales para empleados domiciliados en Uruguay, descartando la aplicación de arbitraje internacional.
Por qué importa: El fallo alinea a Uruguay con tendencias globales que buscan ampliar derechos laborales en la economía de plataformas. Más allá del caso individual, abre la puerta a nuevas reclamaciones y a un debate regulatorio más profundo sobre el estatus laboral de conductores y repartidores en América Latina.
*Resumen IA, editado y revisado por la redacción.
