Este comité encargará de gestionar y articular con empresas públicas y privadas el desarrollo e implementación de la tecnología blockchain en el aparataje gubernamental.
En Buenos Aires, capital federal de la república Argentina, a través de un boletín oficial se comunicó la creación del Comité Nacional de blockchain adscrito a la Secretaría de Innovación Pública.
En el marco del «Lineamiento Nacional sobre Blockchain», el gobierno ha decidido crear una instancia pública dedicada al espacio blockchain que se ocupará de gestionar, articular, innovar e implementar en el sector público la tecnología blockchain.
De esta manera el gobierno de Argentina impulsa la transformación digital del Estado, y en una resolución publicada se determina que será el titular de la Secretaría de Innovación Pública quién dicte las normas reglamentarias y aclaratorias correspondientes.
En la resolución también se dice que se inicie la articulación «entre los organismos y entidades del Sector Público Nacional que, conforme a sus acciones primarias y competencias, puedan contribuir al desarrollo de políticas públicas y soluciones tecnológicas basadas en Blockchain».
El gobierno considera que las inversiones en el sector blockchain privado ya ha ascendido a más de US$3 millones en el país, pero que se estima que la cifra se multiplique en un futuro que no excede el año 2030.
Y se menciona que hay dos vertientes como tipos de usos inmediatos para usar la tecnología blockchain: la auditoría y la certificación de identidad.
El documento indica que: «El primer uso, relativo a las prácticas de auditoría y la democratización del acceso a la información pública, es el que cuenta con mayor desarrollo. El tamaño y la complejidad de las estructuras del Estado han complejizado la trazabilidad y transparencia de los procesos burocráticos. Esta situación genera complicaciones tanto para los organismos de control, como para proveedores y dificulta que el grueso de la ciudadanía tenga acceso fidedigno a las transacciones de los Estados. Trámites y procesos como licitaciones, compras, subvenciones, certificaciones o adjudicaciones se han vuelto complejos de rastrear y evaluar para el ciudadano. En este caso, la implementación de blockchain facilita el acceso por parte de los ciudadanos, de manera simple y rápida, a un tipo de información resguardada y de difícil consulta. Bajo este primer uso de la tecnología blockchain como facilitadora en los procesos de auditoría, la ciudadanía puede seguir de manera sencilla diversas gestiones que competen al dominio público, especialmente aquellas en las que entran en juego la gestión económica y administrativa de gobierno. Potencialmente, el acceso a esta información puede redundar en procesos de auditoría en tiempo real. Esto es así gracias a que para la tecnología blockchain, la burocracia estatal puede ser reconocida como un libro de registro más entre tantos otros».
Y agrega: «El segundo tipo de uso inmediato para la tecnología blockchain en la transformación digital del Estado busca evitar la falsificación y fraude en la gestión y uso de distintos tipos de documentos y títulos otorgados por la Administración Pública. Los Estados Nacionales registran y certifican la identidad de las personas reconociendo su nacionalidad, sus lazos filiatorios y, en el caso particular del Estado argentino, su identidad autopercibida de género. A través del registro de nacimientos y defunciones los Estados certifican la existencia de los individuos y, en momentos claves de su vida como puede ser al momento de matricularse en el sistema educativo o vincularse en matrimonio, esa información se utiliza como respaldo y confirmación de las identidades. Además, el Estado Nación registra y certifica también la propiedad y la posesión de bienes materiales y simbólicos. En este sentido, el ejemplo paradigmático es el documento nacional de identidad. En el mundo pre-digital, el simple hecho de poseer un documento o un pasaporte en papel certificaba la identidad de una persona y la asociaba a un país de origen. Sin embargo, la validez de ese papel no radica en su material de composición si no en el hecho de que fue otorgado por un Estado Nación luego de haber sido asentado en un registro. De modo que la identidad de una persona está validada porque figura en la base de datos nacional».
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